Jorge Luis Sánchez Reyes, originario de Tabasco y representante de Progreso y municipios circunvecinos en San Lázaro, acumula 13 inasistencias. La pregunta es inevitable: ¿dónde está el trabajo para los yucatecos que le dieron su representación?

En México, a un trabajador común pueden costarle el empleo las faltas injustificadas, pero cuando se trata de políticos, la exigencia ciudadana parece ir por un camino distinto. El caso del diputado federal de Morena, Jorge Luis Sánchez Reyes, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la asistencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas de quienes cobran por representar al pueblo.

De acuerdo con los datos disponibles, Sánchez Reyes acumula 13 faltas a sesiones de la Cámara de Diputados. Una cifra que merece explicaciones, sobre todo porque ocupa una curul en representación de Yucatán, particularmente de Progreso y municipios circunvecinos.

El detalle que añade polémica es que el legislador nació en Huimanguillo, Tabasco, pero representa a ciudadanos yucatecos. Y aunque su lugar de nacimiento no determina su capacidad para ejercer el cargo, sí existe una obligación que no admite excusas: responder con trabajo a la confianza que depositaron en él sus electores.

¿Y los resultados para Yucatán?

Trece ausencias después, la pregunta no es solamente por qué faltó, sino también qué ha hecho desde San Lázaro para defender los intereses de los habitantes de su distrito.

¿Qué iniciativas ha impulsado? ¿Qué gestiones ha realizado por Progreso y los municipios que representa? ¿Qué resultados puede presumir ante sus electores?

Son preguntas legítimas para cualquier representante popular, sin importar el partido al que pertenezca.

Hasta ahora, los datos proporcionados no detallan si las inasistencias fueron justificadas ni las fechas en que ocurrieron. Por eso, antes de calificarlas como faltas injustificadas, corresponde conocer las razones y revisar los registros oficiales de la Cámara de Diputados.

Pero esa precisión no elimina el fondo del asunto: la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones y resultados a quienes ocupan un cargo público.

Para exigirle al pueblo sí son buenos; para rendir cuentas, ¿también?

Mientras millones de mexicanos deben cumplir horarios, justificar ausencias y responder ante sus empleadores, los legisladores están sujetos a un régimen de asistencia y remuneración establecido por las normas del Congreso.

Eso no significa que puedan faltar sin consecuencias en todos los casos, pero sí obliga a preguntar si los mecanismos de control y transparencia son suficientes para garantizar que cumplan con su responsabilidad.

Los diputados no llegaron a San Lázaro para ocupar una silla, cobrar una dieta y desaparecer del radar público. Llegaron para legislar, fiscalizar al Gobierno y representar a quienes depositaron su confianza en ellos.