En Yucatán operan por los menos tres de las 19 organizaciones delictivas de alto impacto identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aunque ninguna tiene el predominio de las operaciones, advierte un informe de este organismo.
Se trata de los cárteles del Pacífico (o de Sinaloa), del Golfo y Los Zetas.
Empero, estudiosos del narcotráfico, consultados en Ciudad de México por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, sostienen que el Cártel del Golfo y Los Zetas ya no existen como organizaciones nacionales: están atomizadas en muchos grupos, frecuentemente enfrentadas entre sí, añaden.
En Yucatán las actividades de lo que queda del Cártel del Golfo estarían a cargo de un grupo derivado de esa organización llamado “Los Pelones”, que actúan en Quintana Roo y Yucatán, “aunque también está muy diezmado”, señala Elías Razur Antonio, director del Observatorio Mexicano sobre las Drogas.
En el caso de Los Zetas, dice, los que quedan activos de esta organización del narcotráfico lo hacen a través del Cártel del Noroeste, fundado por los hermanos Treviño en Nuevo León y Tamaulipas.
El informe de la UIF sobre la distribución geográfica de las principales organizaciones delictivas, dado a conocer el mes pasado, no incluye al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como grupo con presencia en Yucatán.
Los expertos consultados por Central 9, sí lo consideran.
Junto a estas organizaciones en el Estado conviven otras mucho más pequeñas de carácter local, como el llamado Cártel de Los Epitacio, especializado en la venta de mariguana y ligado a lo que queda del Cártel Oaxaca, explica Razur Antonio.
Narcotráfico y lavado de dinero
El 21 de septiembre pasado, la UIF presentó su informe sobre la actividad delictiva del país, denominado Evaluación Nacional de Riesgo y Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Santiago Nieto Castillo, titular del organismo, llamó la atención sobre la corrupción existente en los puertos marítimos y en las aduanas de toda la república.
Debido a la deshonestidad de sus encargados, dijo, en muchos de esos lugares se permite el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
En este aspecto, en lo concerniente a Yucatán, la UIF tomó recientemente dos medidas drásticas: denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) al anterior director de la Aduana de Progreso y a un empresario pesquero de ese lugar, por presunto lavado de dinero y tráfico de drogas.
Según datos obtenidos por Central 9, en ambos casos la Fiscalía giró órdenes de aprehensión en contra de esos dos personajes, que se han amparado para evitar ser detenidos.
La UIF afirma en su Evaluación Nacional de Riesgo 2020 que en Yucatán trabajan las organizaciones delictivas conocidas como Los Zetas y los cárteles del Golfo y del Pacífico.
En Quintana Roo, según ese informe, opera además el CJNG y en Campeche solo Los Zetas y el Cártel del Pacífico.
Otro documento de la UIF intitulado “Evaluación Nacional de Riesgos, resultados preliminares”, de septiembre de 2019, sostiene que en el caso de Yucatán de las tres organizaciones del narcotráfico enlistadas por la UIF ninguna tiene preeminencia sobre otras.
Esto se debe, añade Razur Antonio, a que, salvo el Cártel del Pacífico y el CJNG, las demás organizaciones delictivas incluidas en ese análisis, ya desparecieron y sus miembros se pulverizaron en múltiples agrupaciones, sin alguna afiliación.
Células independientes
En Yucatán, Los Zetas, por ejemplo, que tuvieron mucha importancia hace más de diez años -a ellos se les atribuye los doce descabezados encontrados en Mérida y otras poblaciones en 2008– tienen ahora poca presencia, dice Razur Antonio.
“Sus miembros, en todo caso, actúan como células delictivas independientes y entre éstas, las más relevante, sería la de sus ex integrantes que ahora rinden cuentas al Cártel del Noroeste, dirigido por Juan Gerardo Treviño Chávez”, indica.
Éste es familiar de Miguel Ángel Treviño Morales, “el Zeta 40”, líder de ese grupo hasta su detención en 2013, fecha que marcó el inicio de la debacle de Los Zetas.
Un año antes, en 2012, en Mérida, la policía estatal detuvo al hombre fuerte de Los Zetas en la Península: Mateo Gabriel Domínguez Bouloy
Ésta persona, afirma Razur Antonio, supervisaba las operaciones de narcomenudeo en Cozumel y Cancún, pero vivía en Mérida, desde donde coordinaba sus operaciones.
Domínguez Bouloy, junto con el “Zeta 40” y el hermano de éste, Omar Treviño Morales, permanecían recluidos en el penal de alta seguridad de Puente Grande en Jalisco, por lo menos hasta antes de su clausura hace unos días, dice el entrevistado.
Aunque no hay información actualizada, se sabe que muchos de los miembros de la red manejada por Domínguez en la Península continúan trabajando para el Cártel del Noroeste, en Quintana Roo y Yucatán.
Por cierto, un destacado elemento de esta organización, Moisés Escamilla May, alias “El Gordo May”, oriundo de Escárcega, y jefe de Los Zetas en Cancún cuando ocurrió la decapitación de doce personas en Yucatán en agosto de 2008, falleció en mayo pasado, en la enfermería del penal de Puente Grande, víctima de Covid-19.
Escamilla May fue acusado de participar en esos asesinatos y cumplía una condena de 37 años de cárcel.
“El Chelelo”, capturado en Mérida
Respecto al Cártel del Golfo, esta organización prácticamente ya no existe, según Víctor Ratti Fernández, director de Viae Consultores, una empresa de la capital del país especializada en diseñar políticas públicas en materia de seguridad.
Su último líder, José Alfredo Cárdenas Martínez, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, fue detenido en febrero de 2018 en Matamoros y a partir de entonces se derrumbó la organización, explica el especialista.
El jefe de plaza del Cártel del Golfo en Nuevo León, antes de la caída de Cárdenas Martínez, era Eleazar Medina Rojas alias “El Chelelo”. La policía yucateca lo apresó en diciembre de ese año en las calles de Montebello, donde tenía su domicilio particular, por una infracción de tránsito.
Orden de extradición
“El Chelelo”se había refugiado en Mérida para burlar una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, por delitos contra la salud cometidos en ese país.
Fue liberado por la infracción pero de inmediato reaprehendido por una orden de detención con fines de extradición librada por la Fiscalía y recluido en el penal del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno El Altiplano.
Luego de su detención, Medina Rojas obtuvo un amparo contra la extradición, que lo mantiene aún en prisión preventiva hasta que los gobiernos de Estados Unidos y México justifiquen las extradiciones.
En la lista de extraditables figuran también, entre otros, los hermanos Treviño Morales.
Los restos de los que fue el Cártel del Golfo, en el caso de la Península de Yucatán, los recogieron “Los Pelones“, una banda delictiva que actúa sobre todo en Quintana Roo, pero con algunas ramificaciones en Yucatán, afirma Ratti Fernández.
Esta banda, empero, se encuentra también en vías de desmantelamiento, por la reciente detención de varios de sus líderes más importantes.
Capturado dos veces en Yucatán
Respecto al Cártel del Pacífico, sus actividades en Yucatán estarían relacionadas con el lavado de dinero y el tráfico de drogas, donde el Estado sería una escala en una ruta de transporte más larga.
Asoma el Cártel Jalisco NG
Razur Antonio añade que si bien la UIF no ve la presencia del CJNG en territorio yucateco, “yo creo, como lo he declarado al Diario en otras ocasiones, que ese cártel tendría en el estado bases de operaciones para coordinar el financiamiento y la logística de los miembros de ese cartel que luchan en Quintana Roo contra bandas rivales, por el control del tráfico de drogas en esa entidad”.
Agrega que junto a este tipo de organizaciones más grandes, en Yucatán operan otras de carácter regional o local, como el Cártel de Santa Rosa de Lima.
En un seminario organizado el 26 de noviembre de 2019 por el Colegio de México, Nieto Castillo dijo que este grupo, conocido por sus actividades de “huachicoleo”en El Bajío, “también se dedica al robo de hidrocarburos y a la trata de personas en la Península de Yucatán“.
“Los Epitacio”, cártel local
Además de esta organización, en Yucatán hay un cártel pequeño, muy local, conocido como el Cártel de los Epitacio, de Hérbert Armando Bautista Epitacio, oriundo de Oaxaca y que dirige junto con varios miembros de su familia.
Este grupo delictivo, considerado como uno de los principales distribuidores de mariguana en Mérida, estaría vinculado con el Cártel de Oaxaca, especializado en el tráfico de esa droga, dice Razur Antonio.
La venta al menudeo de mariguana en tienditas del sur de la capital yucateca, en Kanasín y también en algunas localidades de Quintana Roo, es la principal actividad de “Los Epitacio“.
El líder del grupo, Hérbert Armando Bautista Epitacio, conocido como el “Lic”o el “Rey”fue detenido dos veces por la policía yucateca.
La primera, en octubre de 2013, cerca de la Central de Abastos de Mérida, cuando transportaba 300 kilos de mariguana en un vehículo.
La segunda vez ocurrió en enero de 2019, en Temozón Norte, cuando no obedeció una señal de alto de la policía, que lo detectó manejando un automóvil de lujo a alta velocidad.
Bautista Epitacio enfrentó a los agentes a balazos y por el delito de homicidio en grado de tentativa, se le vinculó a proceso, aunque su grupo seguiría funcionando normalmente, dice Ratti Fernández.
Anomalías en la aduana
Razur Antonio, por su parte, afirma que en la Evaluación Nacional de Riesgo y Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera denuncia la corrupción de las aduanas en el país y el propio Nieto Castillo, en una rueda de prensa anterior, dijo que se habían detectado irregularidades en tres de ellas, incluida la de Progreso y adelantó que ya se había removido al encargado y denunciado por lavado de dinero, aunque no mencionó su nombre.
El funcionario cesado es Guillermo César Calderón León, quien tomó posesión del cargo en abril de 2019 y separado en enero de 2020.
En febrero, la Fiscalía giró orden de aprehensión en su contra luego de recibir la denuncia de la UIF sobre movimiento de cantidades de dinero inusuales en las cuentas bancarias del funcionario que pudieran tener un origen ilícito.
Calderón León obtuvo una suspensión provisional el mes pasado que evita que la Fiscalía lo aprehenda, mientras se decide si se le otorga la suspensión definitiva.
Esta es la primera vez en mucho tiempo que se presenta una denuncia penal en contra de un aduanero de alto nivel en Yucatán.
Cuentas congeladas
A Razur Antonio también le llama la atención el congelamiento de las cuentas bancarias del empresario progreseño M.V.C y de la emisión de una orden aprehensión en su contra, girada por la Fiscalía General de la República.
Según el director del Observatorio Mexicano sobre las Drogas, el empresario progreseño ha solicitado, sin éxito, amparos para descongelar sus cuentas y también para impedir su captura, aunque sobre este último asunto no se tiene información actualizada.
En rueda de prensa en Ciudad de México, el 5 de marzo, Nieto Castillo habló del caso de M.V.C. sin mencionar su nombre, y dijo que esta persona “tiene que ver con una operación de comercialización de tiburón, que es utilizada por los grupos criminales, para transportar drogas hacia Estados Unidos”.
Añadió que “la operación viene de Costa Rica al estado de Yucatán y de Yucatán hacia Florida, y está relacionada a partir de una serie de empresas del ramo pesquero que se utilizan como fachada para efecto de desarrollar las operaciones”.
Serían casos distintos
De acuerdo con los archivos del Diario, en julio de 2009, la Aduana de Progreso encontró un cargamento de 900 kilos de cocaína ocultos en paquetes con tiburón congelado, que venían en dos contenedores refrigerados procedentes de Costa Rica, en el carguero “Dover Strai”.
El dueño del embarque, se dijo después, sería un empresario de Tonalá, Jalisco, que nunca fue detenido. Las investigaciones tampoco relacionaron el cargamento con empresarios del ramo pesquero de Progreso.
Poco después se dijo que la carga pertenecía al Cártel del Pacífico.
Por las declaraciones de Nieto Castillo se entiende que este episodio de hace once años es ajeno a estas nuevas revelaciones de tráfico de drogas en cargamentos de tiburones congelados.
En la conferencia de marzo, el titular de la UIF llamó la atención sobre los movimientos altamente sospechosos en las cuentas bancarias del grupo de empresas relacionadas con esos embarques.
Según el funcionario, las compañías de M.V.C, “han tenido recientemente retiros por 554 millones de pesos“.
“La empresa pesquera recibe recursos por medio de transferencias por $139 millones y triangula recursos con los otros integrantes del grupo empresarial”, dijo.
“Las operaciones en efectivo registran depósitos por $272 millones y retiros de $1,783 millones en Yucatán, mientras que fiscalmente se declaran ingresos por $2,650 millones y deducciones por $2,629 millones”.
“Esto también lo que arroja es que se trata de una empresa que compra facturas para efecto de elevar sus gastos y reducir su porcentaje de pago al fisco”.
La conexión Hong KOng
Añadió que además de los embarques de tiburón, las empresas venden pepino de mar a Estados Unidos y Hong Kong.
Vigilancia en uno de los accesos al muelle fiscal de Progreso, durante la incautación de un cargamento de cocaína oculto en tiburones congelados, en 2009.- (Megateca)
Por este concepto, en un determinado periodo, “las exportaciones dan una cantidad de $781 millones, exportación de pepino de mar y tráfico de pepino de mar por $674 millones y remisión d los recursos hacia Hong Kong y Estados Unidos por $417 millones, y a Estados Unidos por $250 millones“.
“La empresa congeladora recibe operaciones en efectivo por $38.7 millones y retiros por $413 millones en efectivo, que son extraídos del sistema financiero y reportados en efectivo para efecto de la adquisición de diversos bienes”.
“Nuevamente encontramos transferencias a Hong Kong por $253 millones y a Estados Unidos por $73 millones”, dijo Nieto Castillo en su mensaje a la prensa.
Pérdidas fiscales, de nuevo
Sin embargo, agregó que a pesar de las ganancias de estas empresas, en 2017, la empresa reporta pérdidas fiscales por $1.9 millones de pesos.
“Otra vez estamos en esquema de lavado de dinero al narcotráfico, más defraudación de naturaleza fiscal”, apunta.
“La empresa pesquera, finalmente, tiene operaciones en efectivo por $75 millones y retiros por $554.1 millones“.
La explicación del titular de la UIF está enredada y no aclara la mecánica del lavado de dinero ni tampoco abunda sobre el tráfico de drogas en tiburones, dice Razur Antonio.
Tráfico de drogas en Progreso
Pero llama la atención que esta declaración, hecha en rueda de prensa, haya pasado casi desapercibida: el funcionario denunció un grave tráfico de drogas en plena aduana marítima de Progreso, seguramente realizada durante años, con el consabido lavado de dinero, apertura de empresas fachada y la compra de facturas fantasma, actividad en la cual Yucatán ocupaba los primeros lugares en el país”.
“Será interesante seguir qué pasó con las órdenes de aprehensión contra Calderón León y el empresario progreseño, porque pueden ser la punta de algo mucho más grave, que involucre no solo a empresarios locales, sino a extranjeros y a funcionarios mexicanos”
Las cosas deben de estar tan enredadas que el equipo de Andrés Manuel López Obrador ha respondido con la militarización de la aduana y de la administración del puerto, dice por su parte Ratti Fernández.
En efecto, desde los primeros días de este mes, el nuevo administrador de la Aduana de Progreso es el contralmirante Armando Caballero Vázquez y la dirección general de la Administración Portuaria Integral está a cargo del vicealmirante Jorge Carlos Tobilla Rodríguez.
“Está claro que los civiles no pudieron con ese paquete. Ojalá los marinos erradiquen la corrupción y documenten la historia negra y oculta del puerto y de la aduana de Progreso“, afirma Víctor Ratti.
