Las pesquisas están a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y de la Fiscalía Anticorrupción. Aunque a ambos se les indaga por la posible comisión de delitos electorales, la fiscalía en esa materia no participa en los casos, revelaron funcionarios federales.
Las autoridades entrevistadas refirieron que podría haber un punto en el que se crucen las investigaciones iniciadas a partir de los señalamientos realizados por Emilio Lozoya Austin (ex titular de Petróleos Mexicanos) sobre los sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht, y los ilícitos cometidos en la llamada estafa maestra, pues se tienen menciones que involucran presuntos desvíos de recursos para campañas políticas entre 2012 y 2015 en favor de candidatos del PRI.
En el primer expediente, Videragay Caso es mencionado por haber sido quien supuestamente ordenaba los compromisos y contratos que se debían tener con la compañía brasileña, ya que Odebrecht entregó 10.5 millones de dólares a Lozoya Austin, de los cuales se habrían destinado 4 millones a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Respecto de la segunda indagatoria relacionada con la estafa maestra (en la cual está acusada la ex secretaria Rosario Roles Berlanga de haber incurrido en ejercicio indebido de funciones, causando un daño patrimonial superior a 5 mil millones de pesos), la FGR investiga a Emilio Zebadúa, quien en su calidad de oficial mayor de Sedesol y Sedatu presuntamente fue quien se encargó de operar la firma de contratos y los desvíos de recursos, utilizando para ello hasta falsificación de documentos.
Ahora el ex funcionario ha ofrecido convertirse en testigo colaborador, asegurando que posee información de que el dinero desviado se utilizó para campañas políticas en favor de candidatos del tricolor durante el mandato de Peña Nieto.
Los funcionarios entrevistados refirieron que Emilio Zebadúa no ha concretado ningún criterio de oportunidad para que sea exonerado de los delitos que haya cometido por la llamada estafa maestra, ya que para ello tendría que entregar pruebas que acrediten sus dichos, cumplir requisitos como la persecución de un delito mayor y que esto implique a un funcionario de mayor rango.
En el caso de la estafa maestra, la FGR ya cuenta con dos testigos colaboradores, y de acuerdo con las fuentes consultadas, ambos han señalado que los trámites para la supuesta contratación de servicios que concluyó con desvíos de recursos fueron operados por Zebadúa en un inmueble que se localiza en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.
