A pesar de que sus acciones derivaron en cruentas masacres y miles de muertos en México, la mayoría de los traficantes de armas implicados en el fallido operativo “Rápido y Furioso”, actualmente se pasean libres por las calles de Estados Unidos.

De los 20 implicados en un juicio de tráfico de armas por un caso del fallido operativo emprendido, entre 2009 y 2011, por la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) 15 de estos se encuentran actualmente en libertad, luego de haber cumplido condenas laxas, de entre tres y nueve años.

Algunas, tan cortas como un año.

Aún cuando ya se encuentran libres, el FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) los mantiene vigilados y tiene una ficha detallada con todos sus datos incluyendo su domicilio actual, por lo que, si el gobierno de México pidiera su extradición para juzgarlos en nuestro país estos traficantes se encuentran localizables.

México comenzará a buscar la extradición desde Estados Unidos de traficantes de armamento, para que también paguen en territorio mexicano por introducir equipo de guerra que ha sido utilizado por los cárteles de la droga en miles de asesinatos a lo largo de los últimos años.

Entre los blancos iniciales se halla al menos un traficante vinculado al caso Rápido y Furioso, Daniel Francisco Cruz Morones.

De acuerdo a fuentes gubernamentales de primer nivel, el gobierno mexicano solicitará a la administración de Joe Biden que entregue a una decena de traficantes de armas, mexicanos y estadunidenses por igual, para responder ante la justicia mexicana por su responsabilidad en la violencia que ha vivido el país en los últimos años.

Durante el período en el que se llevó a cabo Rápido y Furioso el ahora presidente electo ostentaba el cargo de vicepresidente bajo la administración de Barack Obama.

Las fuentes consultadas confirmaron que no sólo se pedirá la extradición de traficantes de armas por el daño que causan en el país, sino que al gobierno de Joe Biden, listo para tomar posesión el próximo 20 de enero, también se le pedirá que considere modificar la legislación estadunidense al respecto para que el tráfico ilegal de armas se convierta en un delito grave en aquel país; hoy por hoy, es un delito que lleva condenas que oscilan entre algunos meses en prisión, hasta 10 años, en casos muy aislados y con agravantes.

Actualmente, la segunda Enmienda Constitucional en Estados Unidos garantiza el derecho a portar armas a sus ciudadanos, aunque no protege a individuos con fines criminales, ni ampara el tráfico ilegal de armas.

En el Código de los Estados Unidos, 18 U.S.C. § 922, se establece que es castigable con hasta 10 años de prisión si una persona es encontrada en posesión o recepción de un arma de fuego o municiones ilegales, es decir, provenientes de un vendedor sin licencia para ese propósito o que, en su defecto, sean procedentes de arsenales robados.

También es sancionable si se vende sin licencia o a personas no autorizadas como pueden ser: convictos por penas de más de un año, fugitivos, adictos a las drogas, extranjeros radicados ilegalmente en suelo estadunidense, enfermos mentales y soldados dados de baja con deshonra.

En todos los casos la sanción máxima de 10 años puede transformarse en una de 15 años si el infractor tiene tres o más condenas previas por delitos violentos.

En México, en tanto, la posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas puede ser castigada con 30 años y, si se prueban agravantes, llega a subir hasta 40 años.

Los 20 traficantes de armas antes mencionados fueron incluidos en la demanda CR 11-126PHXJAT(LOA) fincada en un tribunal de Arizona el 19 de enero de 2011, luego de que se comprobó que se configuraron como una red para contrabandear armas hacia México a través de la frontera.

Casi todos obtuvieron sentencias de cinco años, por lo que en 2016 seis de los integrantes de la banda obtuvieron su libertad, otros cinco lo harían al año siguiente en 2017.

Sentencias más reducidas purgaron Jonathan Earwin Fernández, libre en 2015, y Daniel Cruz libre, en 2014. En el caso de Jaime Ávila Jr., se espera que salga en el verano del próximo año, el 29 de junio.

Mientras que Héctor Rolando Carlón fue liberado apenas el 18 de septiembre de este mismo año, de acuerdo con información de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos obtenida por este diario.

Armas de ‘Rápido y Furioso’ terminaron con Los Zetas y otros cárteles  Luego de que la oficina de ATF echó a andar el operativo que permitió intencionalmente que al menos 2 mil 500 armas de todo tipo de calibres cruzaran hacia México, se estima que éstas terminaron en manos de los cárteles, principalmente de Los Zetas, del Golfo y de Sinaloa.

Las armas que finalmente llegaron a México con la venia de las autoridades estadunidenses, fueron utilizadas, por ejemplo, en la masacre de Tubutama en Sonora donde 21 personas perdieron la vida en un enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva por el territorio.

Entre los muertos hubo policías de la región. También fueron empleadas en el asesinato del agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés), Jaime Zapata, así como las graves lesiones sufridas por el agente en retiro Víctor Ávila Jr. en una emboscada a manos de Los Zetas en México hace nueve años fue con armas que entraron al país gracias a dicho operativo.

La madre de Zapata y algunos legisladores han apoyado esta versión, aunque la ATF la ha negado oficialmente.

De acuerdo con un reporte del Departamento de Justicia, una de las armas de Rápido y Furioso, comprada en 2008 en Arizona, fue hallada ese mismo año en el sitio de una de las peores batallas jamás vividas por Tijuana.

Al término de la balacera, 18 sicarios de facciones distintas del cártel de los Arellano Félix yacían muertos. Otro caso: en septiembre de 2010, luego de un enfrentamiento entre marinos y sicarios del cártel del Golfo en Tamaulipas, fueron rastreados dos rifles de asalto, que habían sido comprados en Arizona como parte de Rápido y Furioso.

En 2014, decenas de armas del operativo Rápido y Furioso fueron decomisadas al cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez, luego de que autoridades catearon una casa de seguridad al mando de José Antonio Torres Marrufo mejor conocido como El Jaguar, jefe de plaza de la organización en ese entonces al mando de Joaquín El Chapo Guzmán.