En algún momento los proyectos de ley de Joe Biden tendrán que empezar a pagarse. La ley de rescate estadunidense de 1.9 billones de dólares que aprobó este mes se financió por medio de endeudamiento, al igual que los proyectos de ley de alivio de la pandemia del año pasado, que superaron los 3 billones de dólares.
Como resultado, se tiene previsto que el déficit presupuestario de Estados Unidos (EU) llegue a ser de cerca de 15 por ciento del producto interno bruto este año, una brecha históricamente asociada con los tiempos de guerra.
Esto es antes de sumar el próximo proyecto de ley de infraestructura “reconstruir mejor” de Joe Biden, que debe presentar en Pittsburgh esta semana. Es probable que este cueste más de 3 billones de dólares en 10 años, que se sumaría a la marea de números rojos federales. Biden se enfrenta a dos retos.
El primero es decidir qué tanto de esto se va a financiar con aumentos de impuestos —algo que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, indicó la semana pasada que sería necesario— y con recortes de gastos en lugar de aumentar la deuda nacional.
Lo segundo es encontrar la manera de que avance en un Senado que está dividido 50 a 50, donde los demócratas de centro están ansiosos por llegar a un acuerdo con los republicanos que están en contra de los impuestos. Esto podría matar los elementos de recaudación de fondos del proyecto de ley.
Además de su mandato, el argumento económico para el plan de “reconstruir mejor” de Biden es convincente. El estado de la infraestructura de EU es mediocre y se deteriora.
El argumento a favor de turbocargar el giro de EU hacia las tecnologías ecológicas y la eficiencia de energía es abrumador. Al igual que lo es la necesidad de una banda ancha nacional de alta velocidad.
Un proyecto de ley bien diseñado elevaría la productividad de EU y aumentaría la tendencia de crecimiento del PIB. No queda claro si Biden planea incluir medidas contra la pobreza en el mismo proyecto de ley, incluyendo volver permanente la reciente expansión del crédito fiscal por hijos, que también es convincente.
De cualquier manera, necesita explicar cómo se va a pagar esto más allá de los elementos de inversión autofinanciada del proyecto de ley.
Se podría recaudar mucho dinero al aplicar mejor la legislación fiscal existente. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) se redujo en más de una quinta parte durante la última década y cada vez más evita auditar a los muy ricos. Un dólar que se gasta en fortalecer al IRS tendría como resultado varios dólares a cambio. El Tesoro de EU también puede cerrar vacíos legales en los impuestos corporativos en el exterior, muchos de los cuales fueron ampliados por el recorte de impuestos de Donald Trump en 2017, en gran parte no financiado.
Aproximadamente una quinta parte de los impuestos corporativos —70 mil millones de dólares al año— no se recauda debido a varios esquemas de contabilidad extraterritorial Sin embargo, aún así, la recaudación de impuestos corporativos de EU sigue siendo escasa en comparación con los estándares occidentales. Representa aproximadamente 1 por ciento del PIB, de acuerdo con el Tesoro de EU, en comparación con un promedio de 3 por ciento de la OCDE.
El argumento para aumentar la tasa corporativa de 21 a 28 por ciento, como quiere Biden, es sólido. El argumento a favor de igualar las ganancias de capital con el impuesto sobre la renta también es poderoso. Se puede recaudar más al aumentar la tasa del impuesto sobre la renta para los que más ganan.
Biden tal vez también se tope con más presión de romper su compromiso de dejar intactos a los que ganan menos de 400 mil dólares al año. También se justifica un impuesto a la herencia más progresista. Nada de esto sería aceptable para los republicanos. Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, describió los planes de Biden como un “caballo de Troya” de nuevos impuestos “que eliminen puestos de trabajos”.
Su crítica carece de mérito. El proyecto de ley sería bueno para los empleos. Sin duda, Biden debería buscar puntos en común con los republicanos.
