El senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó una iniciativa para poner límites claros a las prácticas de acoso y hostigamiento telefónico por parte de despachos de cobranza y entidades financieras, advirtiendo que “una cosa es cobrar y otra muy distinta violentar”.

 

La propuesta surge ante múltiples denuncias ciudadanas por llamadas insistentes —incluso cada dos minutos— realizadas mediante sistemas automatizados o inteligencia artificial, que no solo presionan al deudor, sino que también afectan su tranquilidad, su privacidad y hasta la comunicación con sus propios contactos.

 

“No es dejar de pagar, es poner orden”

 

El legislador fue enfático:

“No se trata de pedirle a la gente que no pague. Tampoco se trata de pedirle a los bancos que no cobren. Pero ¿le parece bien que un banco pueda llamarle cada dos minutos utilizando inteligencia artificial? Eso deja de ser cobranza y se convierte en un método de violencia, de hostigamiento”.

 

La iniciativa propone:

 

  • Regular horarios específicos en los que se pueden realizar llamadas de cobranza.
  • Establecer un número máximo de intentos diarios.
  • Prohibir el uso de inteligencia artificial o sistemas automatizados para acosar de manera reiterada.
  • Tipificar como delito el uso de estos mecanismos cuando vulneren derechos.
  • Garantizar el respeto absoluto a la privacidad del deudor y de sus contactos.

 

Defensa de la dignidad y los derechos humanos

Ramírez Marín explicó que existen casos en los que las llamadas automatizadas incluso tienen prioridad sobre otras comunicaciones, pudiendo interrumpir llamadas personales o emergencias familiares.

“De ninguna manera podemos permitir que el banco o cualquier institución cobre como sea, a costa de lo que sea”, sostuvo.

La propuesta busca que el ejercicio de cobro se ajuste a normas claras, con apego a derechos humanos, respeto a la dignidad, a la intimidad y a la información personal de cada ciudadano.

 

Regular, no prohibir

 

El senador reiteró que el objetivo no es cancelar el derecho legítimo de cobro, sino impedir abusos:

 

“Se trata de que sea realmente una ley la que regule cómo lo pueden hacer y no su santa voluntad”.

 

Además, advirtió que el hostigamiento no solo afecta a quien debe, sino también a familiares y personas referidas en contratos crediticios, lo que calificó como injusto.

 

Con esta iniciativa, el senador yucateco coloca en el centro del debate un tema que impacta diariamente a miles de familias mexicanas, buscando equilibrar la relación entre instituciones financieras y ciudadanos bajo principios de legalidad y respeto.

 

Porque pagar una deuda no debe significar perder la tranquilidad.

 

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